Los hechos ecuatorianos de estos días marcan sin duda la agenda de política internacional a nivel regional. Radios que mandan corresponsales, diarios ofreciendo coberturas especiales, redes sociales con la atención allí centrada en forma permanente.
En paralelo al histórico triunfo en las elecciones presidenciales de la centroizquierda colombiana encabezada por Gustavo Petro y Francia Márquez, se está produciendo un estallido social masivo en el país andino que gobierna el banquero conservador Guillermo Lasso. Por la masividad y la represión ya tiene en su haber muertos, desaparecidos y decenas de heridos, y ha generado una grave crisis social y política. No son pocas las personas que afirman que se trata de la revuelta más grande de las últimas décadas en Ecuador, por encima de la de octubre de 2019.
La crónica de los hechos
Cuando el lunes 13 de junio la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) decide convocar a un paro nacional -el primero durante la era Lasso-, era relativamente pacífico el escenario. Se llegaba a esa instancia a causa de que, para la Confederación, ya habían pasado meses de inacción y desdén por parte del Gobierno a las demandas que habían puesto sobre la mesa de la negociación política desde los inicios de la gestión presidencial. Esos reclamos incluían el combate a la inflación de alimentos y combustibles, el freno al programa de privatizaciones, el fin del extractivismo y el aumento en la inversión pública.
Sin embargo, lo que desencadena la espiralización de hechos violentos es la detención ilegal al día siguiente, y por 24 horas, del presidente de la CONAIE, Leónidas Iza, de quien se desconoció en ese lapso su paradero. Con el correr de las horas el componente social de la convocatoria se fue ampliando a otras organizaciones, y se sumaron estudiantes, sindicatos, campesinos, mujeres y artistas, entre otros sectores. El Gobierno decretó el estado de excepción en varias provincias, desplegó fuerzas de seguridad en un marco discursivo de criminalización de la protesta social, y se produjeron entonces gravísimos enfrentamientos en Quito y otras ciudades.
Las últimas novedades, cuando se nos va el mes de junio, es que la mesa de diálogo que se había pactado por ambas partes, luego de las horas más crudas de la represión policial y militar, ha quedado suspendida por decisión del propio Gobierno. Lasso elige así cortar negociaciones y endurecer la represión antes que ceder al menos en algunos de los puntos requeridos por la oposición y las movilizaciones callejeras.
Era una buena señal el llamado al diálogo por parte del oficialismo, en un contexto en que, tras la feroz represión, se había producido un estancamiento de la situación (el mandatario se encontraba aislado y con popularidad en baja, y la CONAIE sin lograr que el Gobierno acepte sus demandas).
Los motivos del conflicto
Uno de los detonantes principales del conflicto, sin duda, es la suba del precio del combustible, que encarece los fletes en las regiones agrícolas y provoca que los campesinos cosechen a pérdida. Otro tanto ocurre con el precio de alimentos de la canasta básica ecuatoriana, como arroz, banana y papa. Pero no hay que leer esta situación descontextualizada de otra, más general y estructural, que es el modelo económico que está implementando a nivel nacional nada menos que un banquero devenido presidente. Hablamos de la tradicional receta ortodoxa patrocinada desde Washington, que implica privatización de empresas públicas, ajuste del presupuesto estatal para inversión -usualmente llamado gasto- en áreas como salud o educación, y recorte del poder adquisitivo de los ingresos de las mayorías. Nada que no se conozca por estos pagos.
El perfil del hombre cuestionado
Para conocer un poco más la figura de Guillermo Lasso Mendoza, hay que saber que es miembro del Opus Dei, y que no solamente es expropietario y principal accionista del poderoso Banco Guayaquil, sino que fue uno de los responsables de la grave crisis económico-financiera iniciada en 1998 en Ecuador, que llevó al desplome de la economía, a la migración de millones de ecuatorianos y ecuatorianas (principalmente a España y EEUU), y a la pérdida de la moneda nacional -el Sucre-, reemplazada por el dólar estadounidense.
Concretamente, Lasso fue el ministro de Economía de Jamil Mahuad durante 1999, el peor año de la crisis. Casualmente o no, Mahuad termina siendo desalojado por parte de las Fuerzas Armadas del Ecuador en enero de 2000, en un escenario de profunda inestabilidad política a raíz de la crisis y de las protestas callejeras protagonizadas justamente por la CONAIE (una de las confederaciones indígenas más potentes de América Latina).
Lasso comenzó su gestión en mayo de 2021, tras derrotar en abril al correísta Andrés Arauz por 52% a 47% en el balotaje (elecciones de las que Correa no pudo participar al haber sido proscripto). Y podría decirse que arrancó con el pie derecho -valga la redundancia-, con una correcta campaña de vacunación, especialmente si se la compara con la gestión sanitaria de Lenín Moreno durante los primeros tramos de la pandemia, que implicó para Ecuador escenas inimaginablemente trágicas debido al colapso generado, como la de cadáveres desparramados por las calles de Guayaquil, hacia mayo de 2020.
Este escenario del primer puñado de meses de su gestión le permitió a Lasso comenzar a avanzar con profundidad en la aplicación de su programa económico. Mucho se había hablado antes de su asunción acerca de su posible fragilidad, dado que si bien había ganado la segunda vuelta al utilizar una exitosa estrategia polarizadora, la primera vuelta había sido muy pobre para el banquero de Guayaquil: apenas el 19,7%, ingresando al balotaje al superar por apenas cuatro décimas al tercero de la elección, Yaku Pérez. Podría decirse que esa cifra es equivalente al apoyo en la población que, en la actualidad, tiene su presidencia.
La actualidad del Correísmo
Es además un contexto en el que el correísmo ha quedado en general reducido a su existencia como fuerza parlamentaria (primera minoría en la Asamblea) y, por lo tanto, sin tener territorialidad ni incidencia en la dinámica de las movilizaciones populares. De hecho, la enemistad política entre la CONAIE y el movimiento de Correa viene desde hace años, lo cual explica que Arauz no haya recibido el apoyo institucional de los indígenas, incluso teniendo como adversario electoral al sector más reaccionario de la derecha ecuatoriana.
La primera vuelta había sido muy pobre para el banquero de Guayaquil: apenas el 19,7%, ingresando al balotaje al superar por apenas cuatro décimas al tercero de la elección, Yaku Pérez.
Es la CONAIE, con su tradición de lucha y también con sus contradicciones ideológicas internas, la que protagoniza hoy la oposición callejera al modelo neoliberal recargado de Lasso. Aunque en verdad deberíamos afirmar que se trata de un continuismo al cual ya no se le tiene más paciencia: Lasso aplica, y en muchos casos profundiza, medidas que se iniciaron con la gestión de Lenín Moreno en su mandato (2017-2021), tras la década de Rafael Correa en el Palacio de Carondelet.
Para que fuese exitoso su retorno al manejo de las riendas del Estado, las clases dominantes ecuatorianas sabían que esmerilar lo mayor posible al espacio político de Correa era una condición imprescindible. En ese sentido, se dirigió la persecución judicial contra el ex presidente -exiliado en Bélgica- y también contra sus principales cuadros, como Gabriela Rivadeneira, Paola Pabón o Jorge Glas.
Sin embargo, hay una piedra en el zapato que al menos hasta ahora no logran quitarse: la resistencia indígena en las calles.
