Entre interminables matanzas indiscriminadas de líderes sociales, amenazas de muerte a dirigentes populares y la consolidación de un espacio opositor de centro izquierda con grandes chances electorales, se acerca la fecha en la que el país andino definirá quién sucederá a Iván Duque en la presidencia de la Nación.
El pasado 13 de marzo se realizaron en Colombia elecciones nacionales, en las cuales, por sus resultados y por sus consecuencias posteriores, se definieron tanto la próxima conformación legislativa (en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Representantes), como las candidaturas presidenciales para mayo.
En ambos rubros, la coalición llamada Pacto Histórico, referenciada en el candidato Gustavo Petro, obtuvo resultados muy importantes, por no decir históricos. Los más de 2,8 millones de votos obtenidos por dicho espacio implican que consiguió convertirse en la primera fuerza legislativa en ambas cámaras, y que lidera las preferencias para las presidenciales de mayo. Lo acompañará Francia Márquez como candidata a vicepresidenta.
Un poco de historia de los dos candidatos
Gustavo Petro es un economista de 61 años que, actualmente ocupa una banca en el Senado por el movimiento Colombia Humana. En su juventud, hacia fines de los ‘70 y principios de los ‘80, fue miembro de la guerrilla M19 (Movimiento 19 de Abril), militancia que le valió el apodo de “Comandante Aureliano”, por el personaje de Cien Años de Soledad, y también la prisión, en la década del ‘80. Fue alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015, en donde desplegó un modelo de gestión pública cuyos ejes principales estuvieron vinculados a la protección del medioambiente, la defensa de los derechos de las mujeres y el colectivo LGBT, la regularización del empleo precario (por ejemplo de los recolectores de basura), y el aumento de la inversión presupuestaria en áreas como salud y educación.
Por su parte, Francia Márquez, usualmente denominada como la “lideresa afro”, es una abogada negra de 40 años que integra el Polo Democrático Alternativo. Oriunda de la región del Cauca, se destaca su militancia medioambiental y feminista, su defensa de los Derechos Humanos y sus posturas en defensa del aborto libre, seguro y gratuito, y de la despenalización y regulación estatal del consumo de sustancias. Recibió en 2015 el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos, y en 2018 el Premio Goldman para el Medioambiente -este último, internacional-.
La actualidad social del país
En los últimos años, con Duque como presidente, hubieron dos grandes constantes en la política colombiana: la masacre contra líderes sociales y contra firmantes de la paz, por un lado, y la represión brutal de la protesta social por otro.
Lo primero se ve reflejado con triste claridad cuando uno se propone revisar las noticias sobre Colombia de cualquier diario que las cubra, desde Nodal hasta Infobae. Numerosos terratenientes de las regiones agrarias han usado y abusado de la contratación de paramilitares, usualmente conocidos como escuadrones de la muerte y con vínculos con el narcotráfico (cuya principal organización son las Águilas Negras).
Esta situación ha desembocado en uno de los grandes dramas de la historia contemporánea colombiana: el asesinato, a cada mes, a cada semana, de líderes sociales y sindicales que representan principalmente las demandas campesinas e indígenas. En la nación cafetera, la pregunta al menos por ahora no es cuándo frenará esta sangría, sino quién será el próximo en ser víctima de las balas paramilitares. También, el asesinato de los llamados “firmantes de la paz”, que adhirieron a los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP, iniciados en 2012 y suscritos en 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que luego fueron rechazados en un plebiscito nacional.
Cacería y represión
En todo este martirio aparece un concepto clave para entender la Colombia de las últimas décadas, desangrada por los enfrentamientos entre las guerrillas y el Ejército: los “falsos positivos”. Se trata de la masacre de civiles a manos de militares colombianos, que hicieron y hacen pasar las muertes de inocentes, usualmente jóvenes humildes de las zonas más pobres del país, como bajas en combate; la razón, sencilla, se debe a que desde el Estado, especialmente durante los años de Álvaro Uribe, se impulsaron condecoraciones y retribuciones económicas especiales para quienes demostraran ‘resultados’ en el combate a los guerrilleros.
A raíz de esto, se desató una cacería inconmensurable que llega hasta nuestros días, y que ha generado espacios de resistencia y de reclamo de justicia, como el de las Madres de Soacha, conformado por quienes perdieron a sus hijos en esta vorágine perversa.
Luego, los estallidos sociales, en noviembre de 2019, el primero desde que asumiera Iván Duque, se desató a raíz de la propuesta de un paquete neoliberal de reformas laboral y previsional, y dejaron un saldo confirmado de 3 muertos y 250 heridos.
En septiembre de 2020, una nueva y furiosa sacudida callejera a raíz del crimen del abogado Javier Ordóñez perpetrado por la represión de la Policía Nacional de Colombia, en un contexto sensible a nivel mundial en relación al accionar de las fuerzas de seguridad a raíz del homicidio de George Floyd en Minneapolis, EEUU, en mayo de ese año.
Y finalmente, la más reciente y posiblemente la más recordada, es la de mayo de 2021, que cubrió nuestra compañera Julieta Lucero para No Son Horas, y que implicó un nivel inusitado de masividad, de extensión temporal y de violencia en la represión, que debilitó fuertemente la imagen del uribismo en general y del gobierno de Duque -delfín del ex presidente- en particular.
La Colombia de hoy se caracteriza además por el elevado desempleo y la escasez de los ingresos de las mayorías, pero también por la esperanza que despierta en millones de habitantes la posibilidad de un cambio profundo. Esta chance, concreta, implica otros efectos. Tras los comicios de marzo, llueven las amenazas de muerte por parte de paramilitares sobre Petro, Márquez y otros dirigentes de similar sintonía político-ideológica.
Los errores ortográficos son una nimiedad al lado de la gravedad de esta amenaza que se cierne sobre la adolorida política colombiana, que en su historia ya registra magnicidios políticos de suma relevancia, como el del referente campesino Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, que dio inicio al período conocido como La Violencia, o el de Luis Carlos Galán, líder de Nuevo Liberalismo, en 1989. De la violencia política a la crisis económica: en caso de triunfar en mayo y acceder a la presidencia, los desafíos de la candidatura Petro-Márquez son gigantescos, como cualquiera puede advertir.
