Son cerca de las 14 horas del lunes 7 de octubre de 2019. Tras la jornada escolar, aproximadamente 100 estudiantes de colegios de Santiago, entre ellos el Liceo n° 1 Javiera Carrera y el Internado Nacional Barros Arana, se congregan en la estación Universidad de Chile del metro. Su objetivo: evadir masivamente los molinetes de acceso, en protesta por el aumento de 30 pesos del boleto dispuesto días atrás por las autoridades.
En el video de los hechos, que trasciende con posterioridad, se ve a las y los chicos cantando y saltando, mezclando el tono de reclamo con cierta euforia y desparpajo, como quien sabe que ha logrado concretar una travesura. No saben que han iniciado un dominó. Un parteaguas en la historia de su país.
La mecha ya está encendida en Chile
Se suceden nuevas evasiones masivas en los días siguientes, en otras estaciones como Baquedano y Santa Ana. Las redes sociales se han vuelto una herramienta fundamental; ya no son solamente estudiantes de colegios secundarios quienes participan. Carabineros refuerza la presencia, y desde el gobierno conservador del presidente Sebastián Piñera comienzan a advertir la posibilidad de que se esté ante el comienzo de una serie de protestas masivas.
El 18 de octubre (18-O de acá en adelante) se cruza un punto de no retorno, con una escalada inusitada de la violencia callejera. El gobierno responde a la misma con brutalidad represiva y luego con la militarización de las calles, algo que no ocurría desde los años de Pinochet, a excepción de la catástrofe provocada por el terremoto de 2010.
Corre sangre en las calles de Chile. Torturas, asesinatos y mutilaciones oculares, obra del accionar de Carabineros. Pero algo falla en la estrategia gubernamental: esperaban que la represión acabara de raíz con las protestas. Pero lo único que ocurrió fue un aumento exponencial en la cantidad y masividad de las mismas, junto con una lluvia de denuncias nacionales e internacionales por las atrocidades cometidas en la represión.
Un camino sin retorno
Hasta los fines de semana comienzan a haber movilizaciones masivas en numerosas ciudades, en un país históricamente conocido por la baja intensidad de sus conflictos sociales desde la vuelta de la democracia representativa en 1990.
“Estamos todos superados. Yo soy líder y fundador de un partido, y también nosotros estamos superados por esto. Estamos leyendo, acompañando, denunciando, pero no somos ni promotores ni articuladores. Nadie hoy en día que te diga que en una radio o en un medio que está articulando esto, dice la verdad. Esto es un movimiento completamente descontrolado, que se va propagando en una sociedad que se siente abusada, los más pobres y las capas medias”, afirmaba en declaraciones radiales Marco Enríquez Ominami unos días después del 18-O. Cuando le preguntaron si era un movimiento de izquierda, respondió: “Es un fenómeno de consumidores presos de la deuda (…) que después lo resignifican líderes talentosos de izquierda, pero no es un movimiento de izquierda”.
Resulta interesante esa definición ofrecida por este dirigente progresista chileno mientras se producía el punto más álgido de la revuelta. No solamente por la sinceridad, en momentos en que más de uno se veía tentado en sostener la antinomia izquierda/derecha, sino por el debate que se vislumbra en torno al sentido político-cultural del levantamiento más importante de la historia del país andino.
Furia contenida, gran masividad y crisis de representación política son las principales características; en relación a esto último, hay quienes dicen que el hecho de que el gobierno no haya tenido con quién “dialogar” para desactivar las protestas, dada la inexistencia de dirigentes opositores que estuvieran encabezando lo que ocurría en las calles, fue un factor clave para que el alcance de los hechos vayan más allá de lo esperado.
Las primeras consecuencias
Y llega entonces el primer gran logro de la revuelta: el 11 de noviembre de 2019, Piñera anuncia la convocatoria a un proceso de convención constituyente para el reemplazo de la vigente Constitución, que sería ofrecido a la ciudadanía mediante un plebiscito estipulado para abril de 2020 (la situación pandémica provocó que se postergue hasta octubre de dicho año). El triunfo en esa instancia fue arrollador, de 78% a 21%, en favor de la aprobación por sobre el rechazo.
Dignidad se convirtió en el término predilecto por la mayoría de las y los propios manifestantes para graficar los propósitos del estallido. La Plaza Baquedano, en el centro de Santiago, es renombrada como Plaza de la Dignidad. Dignidad para afrontar la quimioterapia es lo que pedía con su cartel en las marchas Rodrigo “Pelao vade” Rojas, hoy electo constituyente. Chile despertó. La rebelión de la dignidad, se titula uno de los principales libros referidos al tema.
“No son 30 pesos, son 30 años” decía una de las pancartas más conocidas. Y es que es la clave principal para entender mejor la esencia de los hechos: explotó desde las entrañas un modelo histórico que, a la vez que era ponderado a nivel internacional como ejemplo a seguir, generó de forma silenciosa, una mayoría de la sociedad que vio vulneradas sus necesidades básicas vinculadas con la salud, la educación, los salarios y las pensiones. Su dignidad.
“Nuestro único derecho en Chile es poder elegir, pero teniendo plata”, le dijo en una de las movilizaciones una estudiante de 23 años a la cronista María Daniela Yaccar, en la cobertura que realizó en noviembre de 2019 para el diario Página 12 en el lugar de los hechos.
El legado Pinochetista en el país trasandino
La mercantilización de los sistemas de salud, educación y seguridad social, corazón del engendro neoliberal implantado a sangre y fuego por el golpe de Pinochet desde el 11 de septiembre de 1973, era y es el principal objetivo a derrotar por quienes se movilizaron (a lo que después se sumaría el pedido para reformar de forma profunda a Carabineros tras su actuación criminal).
Que una quimioterapia salga un dineral, o que la formación superior de calidad esté arancelada, o que el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) priorice la ganancia corporativa por sobre el ingresos de quienes se jubilan, encuentra allí sus raíces históricas.
Pero el dictador se había encargado de dejar un candado que se creía indestructible: la Ley de Quórum Calificado, implementada en la Constitución de 1980, que establece la necesidad de contar con una mayoría absoluta de diputados y senadores para introducir modificaciones de fondo al modelo. Este rasgo de la transición chilena de la dictadura a la democracia, junto con la impunidad prácticamente incuestionada de los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1990.
Con la vigencia de la propia figura de Pinochet, primero como Comandante en Jefe hasta 1998 y luego como senador vitalicio entre 1998 y 2002 (algo que por ejemplo en Argentina hubiese sido impensable para Jorge Rafael Videla), es fundamental para comprender el tipo de democracia condicionada que el poder político chileno le impuso a la población.
Soplan vientos de cambio
Las recientes elecciones del sábado 15 y domingo 16 de mayo fueron una instancia vital del proceso político desatado el 18-O. Se votaron concejales, alcaldes, gobernadores regionales y, la gran novedad, convencionales constituyentes.
Los resultados, históricos por donde se los mire, redefinieron integralmente el escenario político chileno, marcando un gran triunfo de los sectores de izquierda, una irrupción contundente de los denominados independientes, y una derrota estruendosa de la derecha neoliberal. La paridad de género, las victorias de militantes jóvenes y la inclusión de los pueblos originarios son algunos de los datos novedosos principales.
Entre los triunfos de la izquierda para las alcaldías, se destacan Irací Hassler, una joven militante de 30 años del Partido Comunista (PCCh) y referente de las movilizaciones estudiantiles de 2011, que derrotó a Felipe Alessandri y se convirtió en alcaldesa ni más ni menos que de Santiago de Chile; Macarena Ripamonti, de 29 años, también protagonista en las marchas de 2011, ganó como candidata del partido Revolución Democrática -integrante del Frente Amplio-, derrotando a la histórica derechista Virginia Reginato, y es la nueva alcaldesa de Viña del Mar.
Por su parte también podemos nombrar a , Emilia Ríos, de 32 años, militante de RD al igual que Ripamonti, triunfó como alcaldesa de Ñuñoa; Tomás Vodanovic, de 30 años, también de RD, venció en las elecciones para alcalde de Maipú; Carla Amtmann, docente e integrante de RD, se convirtió a sus 33 años en la nueva alcaldesa de Valdivia; Jorge Sharp, independiente de 36 años que proviene de la llamada Revolución Pingüina estudiantil de 2006, reelecto alcalde de Valparaíso; y Karina Delfino Mussa, de 32 años, también “pingüina” como Sharp, ganó la alcaldía de Quinta Normal.
Poniendo el foco en las gobernaciones regionales, se destacan dos figuras. Por un lado, Rodrigo Mundaca, militante de 60 años del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (MODATIMA), es el nuevo gobernador de Valparaíso. Por otro lado, la militante de 36 años del partido Comunes, Karina Oliva, pasó a la segunda vuelta del próximo 13 de junio en la disputa por la gobernación regional metropolitana de Santiago, contra el conservador Claudio Orrego.
En el plano de las candidaturas constituyentes, escribirán la nueva constitución Manuel Woldarsky, abogado de Derechos Humanos integrante de la llamada Lista del Pueblo (LDP); Giovanna Grandón, conocida como la Tía Pikachu, también de la LDP, que se hizo conocida en las redes sociales por ir a las manifestaciones desatadas en 2019 vestida como ese personaje de la serie animada Pokemon.
A estos se suman: Valentina Miranda, militante de 21 del Partido Comunista de Chile; Rodrigo “Pelao vade” Rojas, por la LDP, que se hizo conocido por ir a las marchas con un cartel que decía “No lucho contra el cáncer. Lucho para pagar la quimio. Salud digna para Chile”; Damaris Abarca, ajedrecista de 31 años hincha de Colo Colo, que afirma querer “poner en jaque al sistema”, y que se presentó por la lista Constitución Alba (el albo es el apodo de dicho club), un espacio de participación política que se involucró en las manifestaciones; la Machi Francisca Linconao, representando al pueblo mapuche; y Paulina Bobadilla, fundadora de la ONG Mamá Cultiva Chile, entre otras candidaturas electas.
De los 155 escaños para el proceso constituyente, 28 quedaron para la lista Apruebo Dignidad (compuesta por RD, el PCCh y otros); 26 para la Lista del Pueblo; 25 para la Lista del Apruebo (los partidos tradicionales de la llamada Concertación, como el Partido Socialista y la Democracia Cristiana); 11 para la lista Independientes por una Nueva Constitución; y 17 para los pueblos originarios. La derecha, con su lista Vamos por Chile, anhelaba hacerse aunque sea con un tercio de los escaños, lo que le hubiese dado posibilidad de veto; quedó lejos de lograrlo, lo que muestra la magnitud de su catástrofe electoral.
Lo que viene será mucho mejor en Chile
Mirando hacia adelante, el calendario muestra una situación insólita: las elecciones presidenciales, programadas para el 21 de noviembre de este año, son previas al plebiscito de 2022 en el que el electorado aprobará o rechazará la nueva constitución.
Se trata de un proceso constituyente que no tiene nada que ver con otros que han habido en el pasado reciente en América Latina, como el que impulsaron Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia o Rafael Correa en Ecuador.
Hay quienes dan por descontado un avance imparable de la izquierda, que logrará sin mayores dificultades el triunfo presidencial y el apruebo en el plebiscito. Otros, son más prudentes. En el sendero que Chile tiene aún por recorrer se encuentran incógnitas que, por el momento, no tienen respuesta, aunque sí pueden ser pensados desde distintos ángulos a la luz de lo ocurrido hasta aquí. Se pueden mencionar dos.
Por un lado, el hecho de que las recientes elecciones no fueron, como serán las de noviembre, presidenciales, hace preveer la posibilidad de que el nivel de participación, que hace unas semanas fue de 43%, pueda ser significativamente más alto. Más si se tiene en cuenta que hace pocos días, el 26 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó la restitución del voto obligatorio, reforma que ahora debe seguir su curso procedimental.
Por otra parte, el interrogante acerca de los reacomodamientos venideros. Joaquín Lavín asoma como la “esperanza” de la derecha chilena (ese término utilizó recientemente en un artículo el pensador ultraconservador chileno Axel Kaiser); posiblemente logre unificar tras su figura a los sectores atemorizados con el escenario actual, dado que Piñera no tiene posibilidad de ser reelecto. En la izquierda es prácticamente un hecho la interna que habrá entre Daniel Jadue, del PCCh, que acaba de ser reelecto por abrumadora mayoría como alcalde de la comuna de Recoleta, y Gabriel Boric, dirigente de Convergencia Social.
¿Puede la izquierda pagar caro en las urnas llegar dividida a noviembre? ¿Tiene Lavín el carisma y la atracción programática que necesita para revertir la hecatombe de Piñera? Faltan varios meses aún, y apurar conclusiones es un sinsentido. Aunque algo es claro: Chile despertó.
